Las multas por exceso de velocidad que han puesto los radares entre 2010 y 2015 están puestas en cuestión por los tribunales. Un error de la Dirección General de Tráfico (DGT), que no aplica la corrección prevista en las mediciones de la velocidad de los radares, está siendo la causa para que los tribunales dejen sin efecto las sanciones. En Málaga podrían beneficiarse de esta medida unas 19.000 sanciones por exceso de velocidad que están pendientes de cobro en Málaga y que fueron impuestas entre 2010 y 2015, según los datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
El cambio en la Ley de Seguridad Vial aprobado en 2010 está en el origen del problema, ya que a partir de ese momento la DGT dejó de aplicar la corrección exigida en las mediciones, que se estima en una rebaja del 5% de la velocidad calculada por el radar fijo y del 7% si el radar es móvil.
«Una directiva de la UE exige que se informe al usuario de la velocidad con la que fue capturada la imagen del coche por el radar, el límite en ese punto y la velocidad corregida», insiste Mario Arnaldo, presidente de la AEA, quien recuerda que en todos los países europeos se cumplen con estos requisitos menos en España.
«Tenemos ya más de un centenar de sentencias ganadas sobre este asunto, aunque en las últimas los jueces están anulando directamente las sanciones», recuerda el presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
El problema de no aplicar las correcciones en las mediciones previstas para los radares es que muchas de las sanciones se imponen por encima de la infracción real. «Una persona que es cazada a 151 kilómetros por hora en una autovía comete una sanción grave por la que tiene que pagar 300 euros y pierde 2 puntos de carné; pero corrigiendo la sanción pasaría a ser de 100 euros y ningún punto».
Los recursos judiciales para intentar frenar las multas por exceso de velocidad sólo se podrán hacer sobre aquellas multas pendientes de pago y que estén ya en vía ejecutiva, ya que si se han abonado de forma voluntaria para rebajar el importe se entiende que hay una aceptación de la infracción. Esto supone que el 40% de las sanciones, que se abonan de forma voluntaria, no podrían reclamar la anulación de la multa.
La AEA calcula que, de las 34.000 sanciones impuestas por los radares por exceso de velocidad entre 2010 y 2015, años en los que no se aplicó ninguna corrección en las mediciones, unas 19.000 multas están pendientes de pago en la provincia de Málaga y podrían beneficiarse de esta medida.
El presidente de la AEA, por su parte, reconoce las dificultades de las personas individuales para acudir a los tribunales, en especial antes de julio, cuando ni siquiera podían actuar ante el Tribunal Supremo para recurrir la imposición de la multa.