Ayer entró en vigor la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El plazo máximo para desarrollar la investigación judicial desde la incoación de la causa se amplía de 6 a 12 meses, y desparece el concepto de «causa compleja». Si, antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas (de 6 meses o menos), el instructor no hubiere dictado resolución, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha.